Por Alfonso Prat Gay, Jefe de los Equipos Técnicos de la Coalición Cívica.
Con la emergencia agropecuaria, el gobierno repite el libreto ya conocido: el de anunciar por los medios mucho más de lo que después instrumenta en la práctica.
Los alivios impositivos anunciados ayer lejos están de atender la situación de desastre económico y social que afecta a buena parte del interior del país producto de la sequía más intensa de los últimos 50 años. El productor que perdió más de la mitad de su cosecha, y que paga retenciones obscenas por el resto, tiene pérdidas, no ganancias. En la práctica, el alivio fiscal no llega ni al 10% de la estimación del jefe de gabinete y es claramente insuficiente para atender la emergencia. Por la sequía y las trabas administrativas en contra del sector, quedarán muchos campos sin sembrar, va a faltar carne gorda y caerá la cadena de pagos en muchos distritos del interior.
Están en riesgo miles de puestos de trabajo y lo seguirán estando hasta que el gobierno no comprenda que urge una baja generalizada de impuestos como la que promueve la Coalición Cívica ($40.000 millones en 2009, entre baja de retenciones, IVA, impuesto al cheque y aportes patronales).
Eso sí, el gobierno acaba de otorgarle una exención impositiva de más de $1.000 millones a los bancos que participen del canje de préstamos garantizados, prorrogándoles el impuesto a las ganancias correspondiente hasta el 2014. La presidente omitió decir ayer que el esfuerzo que hacen todos los argentinos es mayor para aliviar financieramente al gobierno que para atender la necesidad real del interior. Este gobierno “progresista” privilegia, una vez más, a sus acreedores por sobre los trabajadores.
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